Es un hecho conocido que los avances tecnológicos en el campo de la informática y las comunicaciones han impactado diversos mercados, permitiendo la aparición de nuevos modelos de negocios, siendo el desarrollo de la Banda Ancha un factor clave para el éxito de las plataformas disruptivas.
Diferentes países de la región han entendido el rol fundamental de la tecnología en el desarrollo de la Sociedad de la Información y la Economía Digital de sus países, y en consecuencia han impulsado nuevas iniciativas para actualizar sus políticas públicas, con el objetivo de garantizar el acceso a la información, incentivar los mercados, aumentar la competitividad, fomentar la inversión privada y dar paso a la transformación digital.
Pese a que las comunicaciones son parte vital en el desarrollo tecnológico y un eje para la innovación, este sector, que en Panamá es Regulado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), es normado por leyes del siglo pasado. Si, la Ley 31 que regula las Telecomunicaciones en Panamá es de 1996, y la que regula el sector de Radio y Televisión, la Ley 24 de Radiodifusión, es de 1999.
Este panorama quizás no parece crítico, pero para citar un ejemplo de dinamismo, nuestro hermano país Bolivariano de Colombia, actualizó su legislación de Telecomunicaciones en 2009, con la Ley 1341, y en 2019, con la Ley 1978 de modernización del sector TIC. Colombia se ha convertido en un referente en temas regulatorios el sector TIC.
5G, Internet de las Cosas, servicios Over The Top (OTT), Convergencia, son algunos de los nuevos conceptos que ha traído consigo el desarrollo de las telecomunicaciones, estos temas deben hacer parte de la reflexión pública y debate nacional, sin embargo, el Regulador del sector, no formó parte de la iniciativa denominada Panamá Hub Digital (Decreto Ejecutivo 455 de 2018) que lanzó el gobierno nacional, incluso no tiene ningún representante en el denominado Gabinete de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Para dimensionar la importancia del Regulador, es imperante señalar que a través de éste se otorgaron las concesiones para los operadores móviles de telefonía celular (CWP, Telefónica, Claro y Digicel), se otorgan las concesiones de los canales de televisión abierta, las frecuencias de radio, entre otros, todos pilares en el desarrollo económico del país. Adicionalmente, el Regulador debe fomentar competencia, asesorar al Consejo de Gabinete y propender la modernización del sector en el país. En Panamá al igual que en otros países, el Regulador administra el espectro radioeléctrico, un recurso escaso del Estado, algo vital para la implementación de las nuevas tecnologías inalámbricas en los diversos mercados (Marítimo, Aeronáutico, etc.),
Nuestro país podría ser, no solo el Hub de conectividad área de América, sino que podría convertirse en un importante Hub tecnológico, pero para ello, la separación de la Regulación de Telecomunicaciones de la ASEP, es una tarea necesaria para dar paso a un nuevo Regulador únicamente del sector TIC, que sea independiente, que tenga iniciativa legislativa y que cambie de una regulación por servicios a una regulación por mercados.
La regulación de las telecomunicaciones en Panamá, deben ser elevadas a Políticas de Estado, debido a su impacto en la economía del país, ya que los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, generan aproximadamente 1,000 millones.
Los superpoderes del Administrador de ASEP
En Panamá el administrador del organismo regulador tiene superpoderes, ya que las exigencias del puesto, le obligan tomar decisiones que inciden en mercado eléctrico, agua potable y en el mercado de las telecomunicaciones, sin que sus decisiones pasen por el aval o refrendo de una Junta Directiva.
Es imposible que una persona pueda planificar, establecer políticas a corto, mediano y largo plazo; dirigir y fiscalizar un sector, cuando también debe hacer lo mismo con otros dos.
En este mismo sentido, un tema “álgido” en alguno de los sectores, requiere toda la atención del Administrador de ASEP, por lo que se pueden generar algunas desatenciones.
Es preocupante que las decisiones importantes de tres sectores vitales para la economía nacional, donde se ven involucrados recursos escasos del Estado, como es el espectro radioeléctrico, o temas relacionados a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como también los temas vinculados al sector de agua potable y alcantarillado sanitario, sean tomados por un solo hombre. Solo este hecho es un gran foco de corrupción.
Mientras ASEP, la institución que carga con estos tres sombreros, no se divida en instituciones que regulen sectores de manera separada, Panamá está destinada a ser presa de las iniciativas coyunturales de cada gobierno.
Un nuevo modelo regulatorio
El modelo de regulación de los servicios públicos debe cambiar, el enfoque debe orientarse al fortalecimiento de la atención al consumidor y la regulación debe atenderse en razón de mercados relevantes.
Panamá debe gestionar la regulación de los sectores (electricidad, agua y telecomunicaciones) mediante instituciones independientes, esto podría crear nuevas sinergias operador-regulador para el caso específico del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones y en consecuencia favorecería la inversión.
El Autor es Ingeniero en Telecomunicaciones.