EFE/Javier Roibás Veiga

Uruguay pone fin al monopolio estatal del servicio de internet

El Ejecutivo uruguayo habilitó a cinco operadores de cable para la venta de internet en sus áreas de cobertura, lo que supone el fin del monopolio de la estatal Antel en cuanto a la transmisión de datos.

Mediante cinco resoluciones, el Gobierno de Luis Lacalle Pou (centroderecha) autorizó a que las empresas Korfield, Montecable, Praimar, Nuevo Siglo y TCC reciban una licencia de telecomunicaciones “Clase B” para brindar servicios de transmisión de datos, informó la Presidencia del país suramericano.

La decisión estuvo fundada en la respuesta afirmativa de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del país a la acción de inconstitucionalidad que estos cableoperadores presentaron contra un artículo de la ley de medios vigente en el país desde 2014 que prohíbe brindar este servicio a medios de comunicación audiovisual.

Según consignó la Presidencia uruguaya en su sitio web, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, destacó que la medida “promueve la competencia en la prestación”

“Internet es la espina dorsal sobre la cual se construye la transformación digital; por lo cual es fundamental dar a las personas la libertad y la posibilidad de poder elegir”, expresó Aramendía, quien acotó que hay muchas otras empresas de cable interesadas en pedir estas licencias.

La medida, que implica el fin del monopolio de la empresa estatal de telecomunicaciones del país, Antel, provocó la reacción del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel).

La secretaria general de Sutel, Florencia Leymonie, declaró a la prensa que la resolución del Ejecutivo es “un asalto a la soberanía” y un “jaque mate” en el “desmantelamiento” que, denuncia, el actual gobierno promueve sobre la estatal.

A lo que Sutel anunció que el 22 de junio llevará a cabo una movilización en reclamo por la situación, el director de Antel por el Frente Amplio (FA, oposición), Daniel Larrosa, dijo a la emisora M24 que la disposición provocará en el ente público pérdidas que rondarán entre “los 50 y 80 millones de dólares”.

En la misma línea se expresó la intendenta (gobernadora regional) de Montevideo, Carolina Cosse.

La política del FA, exexpresidenta de Antel y exministra de Industria, Energía y Minería, apuntó que Uruguay está “siendo testigo del vaciamiento de Antel” y calificó la medida como de “legalidad cuestionable”.