La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) es el ente regulador encargado de supervisar los servicios públicos esenciales en Panamá, incluyendo el agua, la electricidad y las telecomunicaciones. El ente regulador apareció inicialmente en 1996 como Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP). Durante sus primeros años, el ERSP operó bajo un modelo de regulación multisectorial y dirigido por una Junta Directiva (compuesta por tres directores) , gozando de amplias facultades de fiscalización y control de los servicios públicos, con la capacidad de determinar posiciones de dominio en las denominadas industrias de red.
En 2006, ASEP asumió las funciones del ERSP. Con la creación de la Autoridad para la Defensa de la Competencia y Asuntos del Consumidor (ACODECO), se produjo un cambio significativo en la estructura de la regulación. ASEP adoptó un modelo de gobernanza con un solo administrador general en lugar del anterior modelo de tres directores que conformaban la Junta Directiva. Este cambio, a juicio de muchos, debilitó la institución, ya que concentró el poder y la responsabilidad en una sola figura, lo que ha llevado a desafíos significativos en la regulación eficaz de los diversos sectores.
El modelo actual presenta problemas claros. La vasta gama de sectores que ASEP regula requiere conocimientos especializados que muchas veces no pueden ser abarcados por una sola persona. Esto ha resultado en una desatención de algunos sectores, afectando la calidad y eficiencia de la regulación. Un ejemplo reciente de estos problemas es la salida del tercer operador móvil, Digicel, del sector de telecomunicaciones, lo que subraya la necesidad de una supervisión más robusta y especializada.
Este 1 de julio de 2024, asume la presidencia José Raúl Mulino y su equipo de gobierno tiene una valiosa oportunidad para impulsar los cambios necesarios que propendan un mejor modelo de gobernanza para esta institución reguladora. Es el momento ideal para reflexionar sobre la estructura y funcionamiento de ASEP, y considerar las reformas que puedan fortalecer su capacidad reguladora.
Las Autoridades Nacionales de Regulación juegan un papel preponderante en la supervisión y control de los servicios públicos, asegurando que se presten de manera eficiente y equitativa. Es crucial que estas autoridades mantengan su independencia de los gobiernos para evitar influencias políticas que puedan comprometer su función reguladora. En Panamá, ASEP emanó producto del artículo 1, numeral 5 de la Ley 1 de 2004, una ley que concedió facultades extraordinarias al presidente y permitió al Órgano Ejecutivo hacer las modificaciones a la Ley que creó el ERSP. Sin embargo, para asegurar una mayor estabilidad y solidez jurídica, es fundamental que el regulador tenga una Ley Orgánica más allá de un Decreto Ley que emanó del Ejecutivo, aunque este pueda ser modificado.
Para abordar las deficiencias actuales, se propone una reestructuración que incluya la creación de una junta directiva o comisiones por sector. Este enfoque permitiría una mayor especialización y atención dedicada a cada área, asegurando que todas las industrias reguladas reciban la supervisión adecuada y experta desde su más alto nivel ejecutivo.
Las comisiones sectoriales garantizarían que cada sector esté supervisado por expertos con profundo conocimiento y experiencia en el área específica, mejorando la toma de decisiones de manera más informada y balanceada, y considerando las particularidades de cada sector. Además, al distribuir la responsabilidad entre varios miembros, se reduciría la carga sobre el administrador general y se promovería una mayor responsabilidad colectiva.
Otra opción que podría evaluarse es la división de los sectores regulados en diferentes entidades. Sin embargo, esto conlleva la desventaja de crear más instituciones y potencialmente generar más burocracia. Hacia el futuro, la reflexión necesaria podría incluir mantener el modelo sectorial con comisiones o juntas directivas, e incluso agregar otros servicios públicos en competencia.
La evolución de ASEP hacia un modelo con una directiva o comisiones sectoriales no solo mejoraría la eficiencia regulatoria, sino que también fortalecería la confianza del público en la institución. Es fundamental que Panamá avance hacia un modelo de regulación que refleje la complejidad y diversidad de los servicios públicos que supervisa, asegurando una gestión más equitativa y eficaz para todos los sectores.
El autor es Especialista en Regulación por la Universidad Externado de Colombia.