La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ratificó el 23 de marzo que en mayo de 2026 abrirá el proceso de precalificación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil, con licitación prevista para diciembre y entrada en operación estimada hacia el tercer trimestre de 2027.
La medida busca romper un duopolio consolidado tras la salida definitiva de Digicel en 2024, que dejó a más de cinco millones de líneas activas en manos de solo dos concesionarios, Más Móvil (Cable & Wireless Panamá) y Tigo (Millicom).
El anuncio no ocurre en el vacío, y es que apenas una semana antes, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) había ordenado la suspensión provisional de los aumentos tarifarios aplicados por ambas operadoras en planes prepago y pospago durante 2026, en el marco de una investigación por presuntas prácticas monopolísticas absolutas. Y el 16 de marzo, ACODECO dio un paso adicional al recomendar públicamente a la ASEP que evalúe la incorporación de operadores móviles virtuales (OMV) como mecanismo complementario para inyectar competencia al sector.
Un mercado que se concentró en seis años
La historia reciente del mercado móvil panameño es una secuencia de consolidación acelerada. En 2018, la Ley 479 habilitó las fusiones en el sector y al año siguiente, Millicom absorbió a Telefónica Móviles Panamá bajo la marca Tigo.
En 2022, Cable & Wireless completó la adquisición de Claro Panamá por aproximadamente 200 millones de dólares, reduciendo el mercado de cuatro a tres operadores; y entre 2022 y 2024, Digicel anunció su liquidación voluntaria, argumentando que la fusión entre CWP y Claro había destruido las condiciones para competir como tercer jugador y cerró sus operaciones.
El resultado es un mercado con más de 5.07 millones de líneas activas, penetración del 111%, cobertura poblacional del 96% y velocidades promedio de descarga de 31 Mbps según Ookla, pero con una estructura competitiva que funciona de facto como duopolio.
El segmento prepago concentra el 79% de las líneas, lo que implica un perfil de ingresos por usuario (ARPU) relativamente bajo y un margen limitado para absorber los costos fijos de una operación de red a escala nacional.
Lo que ASEP pone sobre la mesa esta vez
El intento de 2026 no es el primero, en enero de 2023, la ASEP abrió un proceso de precalificación vinculado a los activos de Digicel, pero no logró atraer un entrante calificado. Lo que distingue al proceso actual, es un paquete de condiciones diseñado para reducir las barreras de entrada.
La ASEP ha pre-reservado 110 MHz de espectro distribuidos en tres bandas: 30 MHz en la banda de 700 MHz, orientada a cobertura rural; 40 MHz en la banda AWS 1710/2110 MHz; y 40 MHz en la banda de 1900 MHz. Estas reservas están formalizadas en el Plan Nacional de Espectro actualizado en marzo de 2026.
Además, la entidad ha actualizado su modelo de costos de interconexión, tiene en revisión una reducción de los costos de espectro y ha establecido una política de compartición de infraestructura (torres) para que el nuevo operador no necesite construir una red desde cero.
El Director de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, señaló que las lecciones de los procesos anteriores fallidos se han incorporado al diseño actual.
“Hemos aprendido de esos procesos y por lo tanto se ha mejorado la reglamentación en lo que respecta a los costos de interconexión, y se ha provisto de mayor cantidad de espectro 5G a nivel internacional, además, se está trabajando en la utilización efectiva para compartir la infraestructura existe para operar”, dijo Saucedo, según recogió el Diario La Prensa.
Igualmente, la ASEP ha lanzado un micrositio que funciona como una vitrina técnica para inversionistas, con datos georreferenciados de radiobases, torres, fibra óptica y cables submarinos.
La economía del entrante: más allá del espectro
Tener espectro reservado reduce una barrera, pero no elimina la ecuación fundamental que explica por qué Panamá pasó de cuatro operadores a dos. En un análisis reciente sobre la estructura del mercado móvil panameño, Jennifer La Rocca, estratega en relaciones gubernamentales y riesgo geopolítico especializada en entrada y expansión de mercados entre Estados Unidos y América Latina, y ex cónsul honoraria, planteó en Linkedin, la disyuntiva central que enfrenta el regulador; si las condiciones económicas del mercado justifican la entrada de un tercer concesionario con infraestructura propia, o si la ruta más realista es la de los operadores móviles virtuales.
Su análisis recogió las perspectivas de especialistas que participaron directamente en la construcción del mercado móvil panameño, señalando a Luis La Rocca, quien lideró el establecimiento de la primera licencia celular en Panamá con BellSouth en 1996 y posteriormente fue CEO de Digicel Panamá, sobre el cambio del modelo de negocio móvil en la última década.
Según la publicación, Luis La Rocca manifestó:
El sector de la telefonía móvil ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. Los minutos de voz y los SMS están siendo reemplazados por aplicaciones de chat como WhatsApp. En consecuencia, los ingresos medios por usuario (ARPU) han disminuido considerablemente. Grandes operadores como Telefónica y AT&T se están retirando de Latinoamérica. Por lo tanto, será difícil encontrar un nuevo operador interesado en invertir en espectro e infraestructura en Panamá para competir con dos operadores ya establecidos. Lo más probable es que la solución sea la concesión de una licencia de operador móvil virtual (OMV).
Jennifer La Rocca, termina su artículo señalando:
La pregunta política ya no es solo “¿quién participará?” , sino “¿qué tipo de competencia es realmente factible y si el marco regulatorio panameño es lo suficientemente sólido para implementarla en la práctica?”. Siete meses para averiguarlo.
En respuesta a ese análisis, Luis Isidoro, ex CTO de Digicel Panamá, profundizó en la dimensión técnica y económica del problema. A su juicio, si bien dos operadores son probablemente insuficientes para un mercado competitivo, la experiencia demostró que cuatro eran insostenibles dadas las condiciones estructurales; costos elevados de espectro, arrendamiento de torres caro, ARPU bajo y una demanda fuertemente concentrada en zonas urbanas con cobertura rural dispersa.
Un modelo de cobertura nacional basado en infraestructura propia es difícil de justificar financieramente. Isidoro sugiere que un enfoque más viable sería un despliegue concentrado en 5G en zonas urbanas de alta densidad, combinado con roaming nacional para cobertura rural y de carreteras; de lo contrario, los costos operativos erosionan cualquier retorno de inversión realista.
Sobre la alternativa de los OMV, Isidoro advierte que tampoco constituye una solución automática, ya que sin capacidad suficiente en redes urbanas que ya presentan congestión, un operador virtual difícilmente puede ofrecer calidad de servicio competitiva o diferenciación significativa frente a los incumbentes.
Isidoro también señala un rol pendiente del regulador, revisar los precios del espectro, incluso si ello implica compensar a los concesionarios actuales, y aplicar obligaciones basadas en resultados de cobertura y calidad de servicio, en lugar de requisitos puramente formales. Sin ese ajuste regulatorio, argumenta, es difícil conciliar competencia con sostenibilidad a largo plazo.
Dos rutas, un mismo problema regulatorio
La pregunta central que enfrenta Panamá no es simplemente si habrá un tercer operador o si llegarán los OMV, es si el marco regulatorio tiene la capacidad efectiva de modificar las condiciones económicas que produjeron la consolidación en primer lugar.
Un tercer operador con infraestructura propia enfrentará la realidad del mercado móvil actual ya señalada, costos fijos elevados en un mercado de ARPU limitado. Un OMV enfrentará el riesgo de depender comercialmente de los mismos operadores que tiene como competidores, sin garantías regulatorias de acceso a capacidad mayorista en condiciones razonables.
En este 2026 se conocerá si algún inversionista considera que el espectro pre-reservado, el reglamento de costos de interconexión actualizado y la compartición de torres son suficientes elementos para construir un caso de negocio rentable.
El escenario más probable, y posiblemente el más funcional, es que ambas rutas avancen en paralelo, un proceso de licitación para un tercer concesionario que puede o no materializarse, acompañado de un marco normativo que habilite la operación de virtuales como válvula de presión competitiva inmediata.
Lo cierto es que, ninguna de las dos vías funciona sin decisiones regulatorias de fondo sobre precios de espectro, obligaciones de acceso mayorista y estándares de calidad exigibles.