El Gobierno de Panamá ha ordenado la suspensión temporal de los servicios de internet y telefonía móvil en la provincia de Bocas del Toro, como parte de las acciones adoptadas bajo el estado de urgencia decretado para frenar la ola de disturbios y actos vandálicos registrados en los últimos días.
La solicitud fue realizada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y ejecutada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que informó la noche del viernes que la interrupción del servicio de internet de uso público (No. 211) se mantendrá vigente mientras dure el estado de excepción, decretado por cinco días.
La restricción no implica una desconexión total: los servicios de radio y televisión continúan operativos, permitiendo el acceso a información por otras vías. Sin embargo, la medida limita el uso de canales digitales móviles en una región donde muchos ciudadanos dependen de estos medios para comunicarse, informarse y trabajar.
La decisión se suma a la suspensión de varias garantías constitucionales —como la libertad de expresión, de tránsito, y de reunión pacífica— y a la implementación de un toque de queda en el distrito de Changuinola, epicentro de los disturbios.
Especialistas en derechos digitales y constitucionales han advertido sobre los riesgos de este tipo de restricciones. El jurista Carlos Bichet, experto en derecho internacional, recordó que medidas como la suspensión del habeas corpus no son compatibles con los tratados internacionales firmados por Panamá, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En medio de la tensión, esta restricción plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales en el entorno digital, así como la necesidad de mayor transparencia y regulación en el uso de estas facultades por parte del Estado.