El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inició formalmente el proceso de consulta pública para la reforma integral de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, una normativa vigente desde finales de los años noventa que el regulador considera desfasada frente a la actual convergencia digital.
El proceso fue presentado este martes 23 de diciembre, cuando el Indotel dio a conocer los lineamientos preliminares que servirán de base para la actualización del marco legal que rige el sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana. La propuesta fue publicada en el sitio web institucional y difundida en medios de circulación nacional, acompañada de una invitación abierta a operadores, empresas tecnológicas, academia y ciudadanía en general para que participen con observaciones y comentarios.
El período de recepción de aportes estará abierto hasta el viernes 30 de enero de 2026, y las contribuciones podrán remitirse al correo electrónico habilitado para este fin: consultapublica@indotel.gob.do.
Un marco legal adaptado a la economía digital
Según el cuadro sinóptico divulgado por el regulador, la reforma propone una revisión profunda del catálogo de definiciones, una ampliación del ámbito de aplicación de la ley y una actualización de sus objetivos estratégicos. Entre los cambios más relevantes se encuentra la inclusión explícita de los servicios Over-the-top (OTT) y del comercio electrónico dentro de los mercados regulados, así como la definición formal de los Centros de Datos como infraestructuras críticas para la prestación de servicios digitales.
En este sentido, el proyecto faculta al Estado para regular aspectos relacionados con la disponibilidad, resiliencia y seguridad de los centros de datos, un tema cada vez más sensible en un contexto de digitalización acelerada, servicios en la nube y dependencia creciente de infraestructuras críticas.
La iniciativa también busca reforzar la autonomía normativa y técnica del Indotel, mejorar la transparencia regulatoria y consagrar como principios transversales la neutralidad tecnológica y la neutralidad de los servicios, incorporando de manera explícita los principios de neutralidad de la red y seguridad digital.
Cambios en concesiones, interconexión y espectro
En materia de títulos habilitantes, la propuesta plantea un modelo simplificado de licencias, que sustituye el esquema tradicional basado en concesiones por tipo de servicio. No obstante, se mantiene el régimen de licencias individuales para la explotación del espectro radioeléctrico y los servicios satelitales, los cuales continuarían siendo asignados mediante concursos públicos.
Asimismo, el proyecto declara de interés público y social la obligación de compartir infraestructuras pasivas y facilidades conexas entre operadores, con el objetivo de facilitar el despliegue de redes digitales de última generación. En este marco, se otorga al Indotel la facultad de fijar cargos de acceso e interconexión, reforzando su rol como árbitro técnico y económico del mercado.
La reforma también contempla la incorporación de una agenda digital actualizada, con parámetros claros de financiación, y una reestructuración del régimen sancionador para alinearlo con los cambios introducidos en el debido proceso administrativo durante los últimos 25 años.
Nuevos capítulos: usuario y ciberseguridad
Uno de los elementos más novedosos de la propuesta es la incorporación de dos nuevos capítulos dedicados a la protección al usuario y a la ciberseguridad. En el primer caso, se actualiza el catálogo de principios y derechos de los usuarios en el entorno TIC, incluyendo el derecho a la calidad de los servicios digitales, a la información transparente, a la protección contra prácticas abusivas y spam, y al acceso gratuito a servicios públicos digitales esenciales.
De manera relevante, el proyecto introduce la exigencia de estándares mínimos obligatorios para proveedores OTT, un punto que podría marcar un antes y un después en la relación entre plataformas digitales y reguladores en la región.
En cuanto a la ciberseguridad, la iniciativa propone dotar al Indotel de facultades específicas para garantizar la integridad, disponibilidad y resiliencia del sistema de telecomunicaciones nacional, reconociendo explícitamente el carácter estratégico de las redes y servicios digitales.
Un debate que trasciende el sector telecom
Con esta consulta pública, el Indotel abre un debate que supera el marco clásico de las telecomunicaciones y se adentra en la regulación de la economía digital, los servicios en la nube y la protección de infraestructuras críticas. El proceso pone sobre la mesa temas estructurales como la convergencia tecnológica, la gobernanza de plataformas, la seguridad digital y el rol del Estado frente a servicios que ya no se limitan a redes tradicionales.
El alcance de la reforma será determinante para el desarrollo del ecosistema digital dominicano, la atracción de inversiones tecnológicas y la definición de reglas claras para la protección de los usuarios en un entorno cada vez más basado en datos, plataformas y servicios digitales. El resultado de esta discusión marcará, en buena medida, el posicionamiento del país frente a los desafíos regulatorios de la próxima década.