La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó oficialmente la desregulación del mercado mayorista de terminación de llamadas en redes de telefonía fija en España. La medida implica la eliminación de las obligaciones regulatorias vigentes para los operadores en este segmento y entrará en vigor dentro de seis meses, según la resolución publicada el 29 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este cambio marca un punto de inflexión en la política de regulación de las telecomunicaciones en España, motivado por el descenso constante en el uso de la voz fija. El análisis de la CNMC indica que, desde 2020, el tráfico de llamadas desde líneas fijas ha caído aproximadamente un 65 % en hogares y un 35 % en empresas, representando actualmente solo el 7,4 % del tráfico total de voz (sumando fijo y móvil).
El mercado de terminación fija, que permite completar llamadas entre redes distintas, estuvo regulado durante décadas para prevenir prácticas anticompetitivas y tarifas excesivas. Sin embargo, la CNMC considera que el contexto tecnológico y competitivo actual ya no justifica una intervención directa como la que existía hasta ahora.
Un factor determinante ha sido la normativa europea, que establece un precio máximo común de 0,07 céntimos de euro por minuto para la terminación de llamadas fijas en todos los países miembros. Esto limita el riesgo de abusos tarifarios, incluso sin regulación nacional específica.
La eliminación de estas obligaciones dará mayor margen de maniobra a los operadores en este segmento. No obstante, la CNMC ha asegurado que continuará vigilando el mercado y podrá intervenir si se detectan prácticas contrarias a la competencia, como la denegación de acceso o la discriminación entre proveedores.
Actualmente, empresas como Telefónica y MasOrange mantienen una participación dominante en el tráfico de telefonía fija, con cerca del 41 % y 29 % respectivamente, aunque este servicio sigue perdiendo peso frente a la telefonía móvil y otras soluciones digitales.
Con esta decisión, España se alinea con la tendencia europea de ajustar la regulación de servicios en retroceso a los nuevos hábitos de consumo y a la evolución tecnológica del sector.