El Gobierno confía en que podrá subastar en octubre las concesiones para ofrecer la telefonía móvil 5G en Brasil y en haber encontrado una solución para eludir el veto a la china Huawei, con la exigencia de que los vencedores instalen una red paralela exclusiva para comunicaciones oficiales.
La confianza en que la subasta podrá ser realizada este mismo año pese al atraso generado por la decisión del miércoles de un órgano fiscalizador y en que Brasil contará con el servicio de 5G a partir de junio de 2022 fue manifestada por el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, en una rueda de prensa a corresponsales extranjeros, entre ellos la Agencia Efe.
“El atraso en el análisis de la licitación será de apenas una semana tras un acuerdo conseguido ayer en el Tribunal de Cuentas de la Unión. Eso nos permite mantener nuestra programación inicial y programar la subasta de las concesiones en la primera quincena de octubre o, como máximo, la segunda”, aseguró el ministro.
Uno de los magistrados de este tribunal, un órgano fiscalizador del Estado, pidió más tiempo para analizar la licitación por considerar que tenía ilegalidades y fallas, pero, tras haber solicitado un aplazamiento de dos meses, aceptó presentar su voto en una audiencia que ya está programada para el próximo miércoles.
“Los otros siete magistrados que tienen que votar ya manifestaron que aprueban la licitación, por lo que no se prevé ningún otro atraso”, aseguró Faria.
“Como todos los magistrados ya divulgaron sus observaciones, estamos anticipando desde ya los ajustes necesarios en la licitación para que la próxima semana, cuando se concluya la votación, podamos tener el texto definitivo listo”, dijo, en la misma entrevista, el presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Leonardo Euler de Moraes.
Según el presidente del órgano regulador, una vez aprobado el texto final de la licitación por la Anatel serán necesarios 30 días para la realización de la subasta, por lo que es viable pensar en que la subasta sea realizada a mediados de octubre.
RED PRIVADA DE 5G PARA EL GOBIERNO ELUDE EL VETO A HUAWEI
Faria dijo igualmente que la licitación prevé que las operadoras que se adjudiquen las licencias tendrán la obligación de montar una red paralela privada para las comunicaciones por 5G de los órganos gubernamentales, las Fuerzas Armadas y las empresas estratégicas, como la petrolera Petrobras.
Esta fue la solución encontrada por varios países para superar el veto que gobiernos como Estados Unidos imponen a la participación de Huawei en la operación del 5G en diferentes países, por considerar que esta empresa puede ser usada por el Gobierno chino para espiar a sus competidores, explicó el ministro.
Como el montaje de la red privada tiene diferentes exigencias, como la prohibición de la participación de empresas que tienen entre sus socios a miembros de partidos políticos, los operadores podrían contratar Huawei para sus redes públicas de 5G pero no para la que será utilizada para comunicaciones gubernamentales.
“Varios países, como Estados Unidos, Australia, Finlandia, Corea y Japón, decidieron exigir también una red privada paralela. Creo que es una tendencia que se impondrá en todo el mundo independiente de que no haya sido la opción de Chile, primer país de América Latina en implantar el 5G, o que otros países de la región no piensen en esta solución”, afirmó.
“No incluimos el nombre de ninguna empresa en la licitación a modo de veto. Tan sólo incluimos exigencias, un poco copiadas de los otros países, que las limitan. Fue una decisión geopolítica correcta que evitará guerras judiciales y que suframos en Brasil problemas que vemos en otros países”, agregó.
Indicó que, con esa solución y la subasta garantizada en octubre, las vencedoras de la licitación podrán iniciar sus inversiones inmediatamente y garantizar que al menos las 27 capitales regionales de Brasil cuenten con el servicio de 5G a partir de junio de 2022.
Según Faria, todas las exigencias adicionales hechas en la licitación suponen un costo de 2.500 millones de reales (unos 471 millones de dólares) para los operadores, pero esa suma podrá ser descontada del valor que tendrán que pagar por los derechos.
Según el ministro, el montaje del 5G supone una inversión de 45.700 millones de reales (unos 8.622 millones de dólares), de los que 8.700 millones de reales (unos 1.641 millones de dólares) es lo que el Gobierno recibirá por conceder los derechos.
“Incluyendo todas las inversiones que los operadores tendrán que hacer en los próximos 20 años estamos hablando de una inyección de 150.000 millones de reales (unos 28.301 millones de dólares)”, dijo el presidente de Anatel.